Publicado:
21 de septiembre de 2023 14:44 GMT
La Fiscalía General de Colombia abrió una investigación disciplinaria contra el titular de Relaciones Exteriores.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, explicó el motivo por el cual se declaró desierto el proceso de licitación de pasaportes, lo que provocó que la Procuraduría General de la República abriera una investigación disciplinaria contra el canciller, Álvaro Leyva, por presuntas irregularidades.
En una interacción en plataforma
La misma empresa que hoy emite pasaportes es la que los emitía en el gobierno pasado, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten. Y cada funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones esperando que el tiempo pase… https://t.co/TDaoiiTyGz
—Gustavo Petro (@petrogustavo) 20 de septiembre de 2023
En Colombia, desde hace 17 años, la empresa británica Thomas Greg y Sons recibe licitaciones estatales para la producción de pasaportes. Sin embargo, tanto el Gobierno como otras instituciones criticaron que esta firma fuera el único oferentecon un contrato de 600.000 millones de pesos (unos 152 millones de dólares).
“No permitiré licitaciones dirigidas a un solo proponente. O compiten o compiten. Y cada funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones esperando que el tiempo nos acorrale para elegir al único proponente”, escribió el líder del Pacto Histórico.
Una demanda en puertas
Como la única oferta era la de la empresa británica, el Ejecutivo declaró desierta la licitación por lo que, según Petro, se eliminarán las fallas que impiden la libre competencia. “En este Gobierno no se permite la corrupción”, aseveró.
Tras esta decisión, Thomas Greg y Sons anunció que demandará al Estado colombiano por entre 80.000 y 100.000 millones de pesos (entre 20 y 25 millones de dólares) por incumplimiento del contrato, que finalizó el 2 de octubre, informa W Radio.
Para evitar una crisis en la emisión de ese documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró la emergencia manifiestaque permite la contratación directa, “por razones de fuerza mayor”, con el fin de garantizar el suministro de pasaportes en Colombia durante doce meses.
Esta suspensión provocó que la Procuraduría General de la República abriera una investigación disciplinaria contra el Ministro de Relaciones Exteriores y el secretario general de esa oficina, José Antonio Salazar, por presuntamente haber “violó varios de los pilares de la contratación estado”.
