Más que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el mayor enemigo del expresidente Jair Bolsonaro es Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema que lo recusó en el punto de juicio durante su mandato y que ahora, tras los violentos atentados en Brasilia, lo puede convertir tu vida en una pesadilla.
Nadie como este magistrado de rostro enjuto ha ganado tanta proyección desde que miles de bolsonaristas enojados destruyeron libremente las sedes de los tres poderes el 8 de enero. Pero su poder creciente y sus métodos implacables para perseguir a los que él mismo llamó “terroristas” están siendo cuestionados. cuestionado incluso por los opositores de Bolsonaro.
Horas después del ataque, De Moraes, actual presidente también del Tribunal Superior Electoral (TSE), aseguró en Twitter que sus “financieros e instigadores” serán sancionados. “La justicia no le fallará a Brasil”él prometió.
Y se lo tomó muy en serio: de inmediato y de oficio ordenó la suspensión por 90 días del gobernador del DF, Ibanéis Rocha, y el encarcelamiento de su jefe de seguridad, Anderson Torres, ambos aliados de Bolsonaro y acusados de omisión en su trabajo. para garantizar la seguridad del poder federal en Brasilia.

La semana pasada aceptó un pedido de la Fiscalía y incluyó a Bolsonaro en la investigación del alto tribunalque busca determinar quiénes son los autores intelectuales del atentado, a partir de un video publicado por el expresidente en las redes sociales, borrado poco después por él mismo, y en el que se volvió a sembrar dudas sobre la victoria de Lula.
Según De Moraes, este pronunciamiento de Bolsonaro “se reveló como una más de las ocasiones en que el entonces presidente tomó una posición criminal y ataque contra las instituciones”.
Como presidente del máximo tribunal electoral, el juez de 54 años será responsable de los quince recursos interpuestos contra Bolsonaro y su formación, el Partido Liberal, por abuso de poder y uso irregular de los medios de comunicación durante la campaña. entre otros.
De triunfar y terminar sentenciado, el expresidente podría quedar inhabilitado políticamente para presentarse a las elecciones de 2026 y 2030.
¿’Impugnación’ a De Moraes?
Nombrado para el STF en 2017 por el expresidente Michel Temer, quien fue ministro de Justicia, De Moraes, apodado ‘Robocop’, era el blanco favorito de las amenazas e insultos de Bolsonaro.
Los carteles con la frase “Impeachement a De Moraes” fueron parte habitual de las protestas de Bolsonaro motivadas por consignas antidemocráticas.
Y es que a este exfiscal y profesor de derecho, famoso por su línea dura, no le tembló el pulso para imponer un cerco a los bolsonaristas.

Además de encarcelar a seguidores radicales de extrema derecha, ordenar allanamientos y ordenar la eliminación de contenidos falsos de plataformas digitales publicados por simpatizantes de Bolsonaro, abrió varios procesos contra el entonces presidente, incluido uno por difundir ‘fake news’ sobre el coronavirus o revelar información confidencial de la Policía Federal.
Bolsonaro, quien antes de la asunción de Lula se fue de vacaciones a Orlando, EE.UU., y no tiene fecha de regreso, perdió su condición de domicilio social cuando dejó la presidencia, por lo que ahora estos procesos en la alta corte podrían pasar a la justicia común, comenzando por el primera instancia, en caso de que así lo decida el juez.
Esto, aunque llevaría mucho tiempo, podría haber consecuencias impredecibles para el ex presidente.
La sombra de Moro, el juez de Lava Jato
Aunque muchos en la izquierda celebran las decisiones del magistrado, sus métodos son desconfiados por quienes creen que evocan los utilizados por el exjuez Sergio Moro y los fiscales en la megaoperación anticorrupción Lava Jato, que condenó y encarceló a políticos y empresarios, incluido Lula. .
Y plantean el debate sobre si son necesarias para proteger la democracia o si van más allá de los límites y la atacan con justicia.
Varios especialistas consultados por la Folha de S.Paulo cuestionan a De Moraes por concentrar demasiados procesos en tus manoseludir a la Fiscalía, decidir de oficio –sin recurso–, demorar el acceso a los expedientes por parte de la defensa de los investigados o utilizar en exceso los mandatos de prisión preventiva, en lugar de otras medidas cautelares.

Uno de sus críticos es el periodista y abogado Glenn Greenwald, quien en 2019 reveló en The Intercept Brasil audios que mostraban la complicidad entre Moro y los fiscales de la operación Lava Jato. Días atrás calificó al juez De Moraes de “autoritario” y arremetió contra su “poder excesivo”, lo que ha provocado una avalancha de críticas.
“¿El país amenazó, al borde de un golpe, el poder judicial en receso y ustedes vienen a criticar a los que luchan contra el terrorismo de Bolsonaro? ¿Qué les pasa?” espetó un usuario.
En la misma línea que Greenwald, el analista Pablo Ortellado escribió: “Las investigaciones sobre ‘fake news’ y sobre las milicias digitales del juez Alexandre de Moraes fueron barreras para el avance de un golpe de Estado. Sin ellas podrían haber cortes de ruta, insubordinación policial y atentados terroristas”. intensificado, en una sucesión que podría haber llevado al colapso institucional. Eran necesarios. fueron fundamentales“.
Sin embargo, Ortellado agrega que, “además de haber sido establecidos de manera poco ortodoxa, concentraron muchos poderes extraordinarios en manos de una sola persona, y esos poderes necesitan supervisión y escrutinio”.
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