El régimen de Dina Boluarte en Perú carga con la sombra de la ilegitimidad desde el momento en que el Congreso de ese país culminó la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, privado de libertad desde entonces, y la juramentó como mandataria el 7 de diciembre de 2022.
Su nombramiento en el Ejecutivo ha sido ampliamente cuestionado. Una de las razones es que su juramentación se produjo en medio de hechos que varios gobiernos de la región lo han calificado como un golpe de Estado parlamentariouna acción que habría sido impulsada por la oligarquía peruana y el fujimorismo, que se encargó al interior del Congreso de no permitir que Castillo gobernara tras asumir la Presidencia en 2021.
Otro aspecto es que el nombramiento de Boluarte, que ahora podría quedar vacante, provino precisamente del Congreso, un institución que carece de credibilidad, confianza y respeto de la poblaciónque ve su actuación legislativa como poco fiable y perpetradora de una dictadura parlamentaria.
Ese manto de ilegitimidad que deja una sensación de falta de legalidad y de democracia ausente, además de permear a toda la Asamblea Legislativa, fue el origen de las multitudinarias protestas que se extienden en Perú durante tres meses y que dejó más de 60 muertos en medio de la represión a las manifestaciones que exigían la dimisión de Boluarte.
Este clima de tensión se ha convertido también en el principal estigma de Boluarte, hasta el punto de que varios gobiernos latinoamericanos ver su administración como un régimen de factolo que usurpó el poder otorgado al Presidente Castillo a través de las elecciones y también ha violado los derechos fundamentales de la población.
Así, las críticas desde distintos lados de Latinoamérica contra la presidenta interina han provocado el enfado de Boluarte, que ha calificado las acusaciones contra ella de actos de injerencia y desacato a la soberanía peruano
Boluarte no sale de Perú
En medio de estas tensiones, la mandataria se ha mantenido dentro de su país y ha preferido que la Cancillería se ocupe de los asuntos que ella misma fue llamada a atender en el exterior, como las cumbres de la Celac en Argentina, la cumbre Iberoamericana en República Dominicana, entre otros temas.
Boluarte ha suspendido su agenda internacional. A fines de diciembre, por ejemplo, decidió no viajar a Brasil para participar en la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En ese momento, se argumentó que la presidenta no tendría a nadie que la reemplazara en el cargo mientras ella estuviera ausente.
Tal situación llevó al Ejecutivo de Boluarte a proponer que el presidente del cuestionado Congreso de su país, José Williams, sea quien la sustituya cuando se vaya al extranjero. La iniciativa despertó sospechas porque una vez más el control gubernamental del Perú sería entregado al cónclave parlamentario.
bajo la mirada internacional
Desde el mismo día en que Boluarte asumió el poder, la población salió a las calles para exigir su renunciael cierre del Parlamento, la liberación y reincorporación de Castillo a la Presidencia, elecciones generales y una Asamblea Constituyente para refundar plenamente el Estado y la democracia peruana.
Las protestas masivas se sintieron con más fuerza en el sur del país, donde la gran mayoría de los manifestantes murieronen medio de la brutal represión armada de las fuerzas policiales y militares enviadas por Boluarte.
Los desmanes de los uniformados encendieron las alarmas de la comunidad internacional y comenzaron a escucharse voces de distintos países, incluso de mandatarios, que cuestionaban la legitimidad del presidente y, sobre todo, las acciones represivas para intentar frenar la ola de manifestaciones.
Conflictos con la región
La crisis política e institucional peruana ha llevado a Boluarte a enfrentarse directamente contra Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y México. el presidente ha tenido altercados con otros jefes de gobierno y las relaciones diplomáticas con todos estos países se han puesto en peligro.
Los roces más fuertes han sido con México y su presidente Andrés Manuel López Obrador, quien considera que Pedro Castillo sigue siendo el jefe de Estado de Perú, porque fue elegido democráticamente por la mayoría de los peruanos, y fue víctima de un golpe de Estado.
Las conversaciones de Boluarte con México incluyen la declaración de persona non grata y expulsión del Perú del embajador de México Pablo Monroy en diciembre pasado. Esa decisión se tomó luego de que el gobierno de López Obrador otorgara asilo a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos menores.
Las tensiones con México llegaron a tal punto que López Obrador se negó a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, porque no quiere legitimar el “golpe” contra Castillo. Además, hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que deje de apoyar el “autoritarismo” de Boluarte y exija la liberación del expresidente “injusta e ilegalmente destituido” y su reincorporación a la Presidencia peruana.
Más tensiones y retirada de embajadores
Las tensiones con el Gobierno de Chile y su presidente Gabriel Boric escalaron cuando el mandatario señaló a Boluarte de reedita las truculentas escenas de represión y persecución de las dictaduras militar en la región hace décadas. En ese momento, el embajador de Chile en Perú, Óscar Fuentes Lira, recibió una advertencia desde Lima.
Con Honduras la situación ha sido más delicada, sobre todo por la clara posición de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, durante la Cumbre de la Celac en Argentina, donde condenó “el golpe de Estado en Perú”, la “agresión” de el régimen de Boluarte contra la población y a su vez expresó su solidaridad con “el legítimo presidente electo Pedro Castillo”.
Después de estos dichos, Boluarte retiró a su embajador en Tegucigalpa en enero pasado, Rafael Carbajal. Este fue el primer diplomático peruano que la mandataria sacó de un país que la enfrentó directamente.
En el caso de Bolivia, Boluarte acusó a sus vecinos de “injerencia” e introducción de armas a los manifestantes del sur del país, un cuestionamiento que provocó el rechazo inmediato de La Paz y poner sus relaciones al límite. Además, declaró persona non grata al expresidente boliviano Evo Morales.
En enero pasado, el presidente también dio por terminadas las funciones del embajador peruano en Bolivia, Carina Ruth Palacios Quincho, quien ocupaba el cargo desde septiembre de 2021 por designación de Castillo. Desde entonces la Embajada del Perú en La Paz no se ha hecho responsable.
Choques con Colombia
Las disputas internacionales de Boluarte apuntan ahora contra uno de sus principales vecinos y críticos: el gobierno de gustavo petro. El presidente colombiano ha denunciado los actos irregulares en la destitución de Castillo, así como la fuerte represión gubernamental en Perú contra los manifestantes.
Petro ha dicho que en Lima se estaba gestando un golpe parlamentario y que el único presidente que debería ser reconocido en Perú es Castillo. De hecho, el fin de semana pasado, dijo en la Cumbre Iberoamericana celebrada en República Dominicana, que el maestro peruano debió estar presente en ese evento como Jefe de Estado. “Hoy debería estar aquí, lo sacaron, está preso”expresó.
La posición de Petro en la Administración de Boluarte no es nueva. Ya en la Cumbre de la Celac, en enero pasado, estableció una posición clara sobre lo que estaba pasando en el Perú. La ignorancia de Colombia a Boluarte Incluso provocó que el Congreso peruano declarara a Petro persona non grata, acción que el presidente colombiano prefirió dejar pasar por debajo de la mesa y no tomar represalias.
Pero tras las recientes declaraciones de Petro en Santo Domingo, Boluarte decidió tomar medidas y ordenó retiran a su embajador en Bogotá, Félix Denegri Boza. Según el régimen peruano, “la decisión responde a las reiteradas injerencias y expresiones ofensivas” del presidente colombiano, que según Lima, “han deteriorado gravemente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo”.
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